CategoríasEn el marco de la campaña electoral por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, la asociación Brasil Audiovisual Independente (BRAVI), entidad que representa a 675 productoras audiovisuales del país, publicó una carta en la que expresa su “apoyo incondicional a la democracia y al programa de cultura de la Constitución Federal”.
El texto incluye los principales ataques que ha sufrido la política audiovisual brasileña en los últimos años, que han estado “marcados por el desmantelamiento de la política construida en los 30 años anteriores”. Entre ellos, destaca que las cuotas de pantalla no se aplicaron con la debida atención, permitiendo que el cine extranjero ocupara las salas de forma hegemónica; los incentivos fiscales no se renovaron a tiempo; la financiación para el Fondo Sectorial Audiovisual (FSA) se ha visto recortado de forma constante a pesar de que los recursos provienen del propio sector; el proyecto de regulación del streaming no avanza. La carta también denuncia la existencia de un sesgo ideológico en el personal de ANCINE y la persecución de las productoras por el contenido de sus proyectos, así como la desaparición de CONDECINE, una fuente principal para el sector, al no haberse incluido en la Ley de Presupuesto Nacional de 2023.
De esta manera, “la supresión de leyes de incentivos, reservas de pantallas y espacios de programación, instrumentos normativos, fuentes de financiación, así como todas las demás políticas culturales que fueron diseñadas para promover el desarrollo del audiovisual brasileño” viola la Constitución de 1988. El comunicado rescata el texto de 1988 como “un hito en la relación entre Estado y cultura”, en tanto determina en su Artículo 3 que los fines de la República son, entre otros, construir una sociedad libre, justa y solidaria, e impone al Estado el deber de garantizar el pleno ejercicio de los derechos culturales. En este sentido, agrega que “no hay pleno ejercicio de los derechos culturales sin fomento a la producción, la difusión y el acceso al audiovisual, respetando toda la diversidad e identidad de nuestras regiones y grupos sociales. No tiene sentido que Brasil sea el segundo mayor mercado consumidor de streaming, pero que sus productores de contenido sean solo proveedores de servicios, sin ningún derecho de propiedad intelectual sobre sus creaciones”.
Consultado por las primeras medidas a tomar para recuperar la política pública audiovisual, Mauro García, presidente ejecutivo de BRAVI, enumera seis en declaraciones a LatAm cinema: “En primer lugar, elegir a Lula para restablecer la política construida a lo largo de dos décadas desde la creación de ANCINE y las primeras reglas para el audiovisual, en 2001”. Las demás medidas son: prorrogar la Ley de televisión que estableció las cuotas de producción brasileña independiente en los canales de televisión por suscripción, así como las cuotas de canales brasileños en la oferta de las operadoras; prorrogar los artículos de la Ley de Audiovisual para atraer inversión privada; prorrogar la Ley de cuota de pantalla en el cine; impedir la eliminación de Condecine, “como quiere el Sindicato de las Telecomunicaciones de Brasil”, y, por último, contar con un proyecto de ley para regular y fomentar el VOD en Brasil, para lo cual, cuenta García, “hay por lo menos dos proyectos de ley parados en el Congreso y otro en el Senado”.
La carta original puede leerse en este enlace.
