Mirador público #3 - Defender los cimientos: el cine uruguayo alerta ante cambios en la política audiovisual

El pasado 30 de junio se publicó en Uruguay el proyecto de Ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal 2021, un documento en el que el Ejecutivo presenta un informe presupuestal del año anterior y el proyecto para el siguiente. El texto incluía cambios significativos que cuestionaban las bases de la política audiovisual y cinematográfica del país, un hecho que alertó al sector ante el planteamiento unilateral por parte del Gobierno y su tendencia a privilegiar el desarrollo económico de la actividad que promueven los servicios internacionales.

En una veintena de artículos, el documento inicial proponía una nueva institucionalidad y derogaba buena parte de la denominada Ley de Cine (18.284), aprobada en 2008. Las diferentes organizaciones sectoriales expresaron su desacuerdo a través de comunicados en los que argumentaban sus diferentes niveles de discrepancias. El 13 de julio, dichas organizaciones convocaron una asamblea en la que participaron entre 150 y 200 personas y en la que se expresó el rechazo ante “la falta de representatividad democrática que expresa el articulado de la Rendición de Cuentas” que “no contempla ni consulta a todas las personas, comunidades, ni los procesos que hacen al cine”. Tras aquella convocatoria quedó conformada la denominada Mesa Audiovisual Uruguay, que aglutina a las asociaciones y las reúne periódicamente.

En las últimas semanas, algunas de las organizaciones se han reunido con el Ejecutivo y el Parlamento con intención de expresar el rechazo al proyecto y, en algunos casos, también incidir en el articulado. El nuevo texto presentado por el Ministerio de Educación y Cultura el pasado 25 de julio incorporó varios de estos reclamos pero no contempla todos los pedidos realizados por el sector, que envió al Ejecutivo nuevas sugerencias de modificaciones. El documento final se conocerá cuando sea votado en la Cámara de Diputados, entre el 15 y el 19 de agosto, y el proyecto deberá pasar luego por la Cámara del Senado para su aprobación.

"Bosco" de Alicia Cano.

Apuntalar los cimientos

La Asociación de Productores y Realizadores del Uruguay, ASOPROD, es una de las organizaciones que optó por tratar de incidir en el proceso legislativo. “Sin duda, es compartido el diagnóstico de que precisamos una mejora de la institucionalidad. Es la misma desde 2008, y el sector ha crecido mucho tanto en producción de obra nacional, en cantidad y diversidad; como en servicios de producción”, señala Pancho Magnou, productor e integrante de la Asociación, que se declaró en Asamblea Permanente tras conocer el primer texto. Sin embargo, agrega: “hace cinco años teníamos que explicar al sistema político el impacto económico que tiene la producción cinematográfica, y hoy eso ya está demostrado. Pero tenemos que cuidar que la percepción no se centre exclusivamente en lo económico. Parecería una obviedad que la producción nacional tiene una gran relevancia para el país con un fuerte impacto en el imaginario simbólico cultural, pero lo tenemos que estar recordando”, señala.

De aprobarse el último articulado presentado el 25 de julio, se crearía la Agencia de Cine y Audiovisual del Uruguay (ACAU), una institución de derecho público no estatal, en sustitución del INCAU (Instituto Nacional del Cine y Audiovisual). ACAU se comunicaría con el Ejecutivo a través del MEC (Ministerio de Educación y Cultura) y asumiría casi todos los cometidos que hoy tiene INCAU, pero se eliminarían algunos elementos cimentadores de la política cinematográfica. Entre ellos, enumera Magnou, “garantizar la libertad de expresión de las obras, garantizar los sistemas de concursos para el fomento de la obra nacional, la protección de la obra nacional en las distintas pantallas de salas y broadcasters del Uruguay, o que exista un espacio como la mesa consultiva que englobe a todo el sector y que no se excluya a algunos ámbitos, como es el gremio de técnicos y técnicas del Uruguay (Gremiocine)”. En relación a la ausencia de Gremiocine, el Ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, lo atribuyó a un olvido en la redacción, según recogen las actas de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la que participó el MEC el pasado 25 de julio, por lo que el nuevo texto que se votará a partir del lunes 15 debería incorporarlo.

Diego “Parker” Fernández, productor, director, guionista y Secretario de la recientemente creada Asociación de Directoras, Directores y Guionistas (DGU), coincide en el diagnóstico que hace su colega: “Nuestra preocupación principal es la obra nacional, y eso es lo que está más endeble en este proyecto”, afirma. En este sentido, una de las principales demandas es la protección del Fondo de Fomento Cinematográfico y Audiovisual que desde 2008 gestiona el INCAU. En la actualidad, dicho fondo cuenta con un presupuesto anual de 54 millones de pesos (en torno a 1,3 millones de dólares), los cuales se reparten entre las diferentes convocatorias concursables (desarrollo, escritura de guion, producción y coproducción minoritaria) y no concursables (festivales, posicionamiento internacional, lanzamiento de películas); además de los aportes a programas internacionales, como Ibermedia, CAACI, RECAM y Retina Latina.

"La teoría de los vidrios rotos" de Diego "Parker" Fernández.

Con el articulado nuevo, se asegura que la nueva institucionalidad recibirá los 54 millones, pero no se garantiza una partida fija anual para el Fondo de Fomento, como sí lo hace la Ley de Cine de 2008; ni se define que el presupuesto se repartirá de acuerdo a un “plan anual estructurado mediante concursos, premios, becas u otros medios para el cumplimiento del objetivo”. Tampoco queda claro de dónde provendrán los recursos para los gastos de gestión de la Agencia. Hasta ahora, el INCAU recibía una partida extra de la Dirección Nacional de Cultura para su funcionamiento y en la reglamentación de la Ley de 2008 se expresaba que, de usarse algún recurso del Fondo de Fomento para este fin, no podría ser mayor al 10%.

En relación al Fondo de Fomento, Magnou explica que lo que se exige desde ASOPROD es que “se mantenga tal cual lo conocemos: que vaya en buena medida al fomento de la obra nacional y que se garantice su continuidad. Se trata de un fondo esencial para que los proyectos nacionales se empiecen a desarrollar, aunque es un recurso bastante pequeño para el sector hoy. Por otro lado, tenemos que asegurarnos que el funcionamiento de la Agencia esté y se sostenga en el tiempo”, sostiene. Las limitaciones de la herramienta de fomento son destacadas también por el representante de DGU: “Es como si fuera el presupuesto de una película latinoamericana para fomentar toda la cadena cinematográfica de un país. Por ejemplo, el fondo de producción para largometrajes de ficción puede suponer entre el 20 y el 30% del presupuesto, nunca se llega a subsidiar”, señala. Y agrega: “es tan ridícula la cifra que para nosotros es tremendo tener que estar peleando para que se mantenga, o que no se use para el funcionamiento de una agencia en una lógica más industrial, o que se sume el impulso a los videojuegos bajo ese mismo paraguas”, señala Fernández.

“Los tiburones” de Lucía Garibaldi.

A pesar del escaso recurso, en el último quinquenio el cine uruguayo ha desarrollado una diversa producción nacional que se ha traducido en un aumento exponencial de los estrenos por año. Si hasta 2018 la cartelera uruguaya recibía cerca de una decena de lanzamientos de cine nacional cada año, en 2019 y 2021 fueron 15, y a mediados de 2022 ya se ha alcanzado esta cifra, con una proyección para el año de una treintena. También son destacables sus reconocimientos internacionales de forma sostenida, con títulos como “El empleado y el patrón”, “Bosco”, “Los tiburones”, “9”, “Delia”, “Las vacaciones de Hilda”, “Muerto con gloria”, “La teoría de los vidrios rotos”, “El campeón del mundo” o “Chico ventana también quisiera tener un submarino”, entre otras. En el capítulo internacional también aparecen series, como “La orquestita”, “Dos pajaritos” o “Metro de Montevideo”.

Hace cinco años teníamos que explicar al sistema político el impacto económico que tiene la producción cinematográfica, y hoy eso ya está demostrado. Pero tenemos que cuidar que la percepción no se centre exclusivamente en lo económico.

Por su parte, la organización Mujeres Audiovisuales Uruguay (MAU) ha expresado además su inquietud ante la incertidumbre de la continuidad de las medidas afirmativas que hoy se incluyen en las bases del Fondo de Fomento, particularmente las que implican apoyos a óperas primas y a directoras y guionistas mujeres. Si bien ésta última medida se incorporó en 2022, es incierto que vaya a continuarse teniendo en cuenta que Uruguay es uno de los siete países de la región iberoamericana que no ha firmado la declaración por la diversidad y la igualdad que impulsó la CAACI en abril de este año. Mientras, Gremiocine ha expresado su rechazo a la forma en que este proyecto se ha desarrollado desde su inicio y reclama su anulación en favor de “un verdadero proceso democrático y participativo donde discutir la política pública del cine y el audiovisual para el Uruguay de los próximos 25 años, en base al diseño actual”, como recoge el comunicado del gremio publicado el 1 de agosto.

"Delia" de Victoria Pena Echeverría.

Programa Uruguay Audiovisual: multiplicar sin dividir

La aparición del Programa Uruguay Audiovisual (PUA) en 2019 ha multiplicado la producción nacional y de servicios internacionales, tanto anuncios publicitarios como especialmente producciones para grandes plataformas, a través del mecanismo del cash rebate. De hecho, algunas fuentes del sector señalan que el carácter de urgencia que propone el Ejecutivo para este proyecto responde a la necesidad de favorecer la eficiencia de la gestión de dicho programa, especialmente en su línea Internacional. En el nuevo proyecto que está siendo discutido, el PUA se mantiene en el articulado bajo la gestión de la nueva Agencia y, según el Ejecutivo, tendría el mismo presupuesto -12 millones de dólares anuales-, proveniente de las utilidades variables del Banco de la República. Sin embargo, el Gobierno ha señalado que esta cifra no puede quedar por escrito en el proyecto por cuestiones “técnicas”: “como cabe la posibilidad teórica de que un día el Banco de la República no tenga utilidades, no pueden ponerse cifras específicas, pero hay un compromiso firme (...) de que los 12 millones están asegurados”, según señaló el Ministro de Cultura en la Comisión el pasado 25 de julio.

En su primera convocatoria, 2019, el PUA contó con un fondo piloto de 4 millones de dólares, una cifra que se dividía a partes iguales en las dos líneas (Nacional e Internacional) y que ha ido aumentado hasta llegar a los 12 millones actuales. En el contexto de la pandemia, el PUA Internacional fue fundamental para que numerosas producciones extranjeras se realizaran en Uruguay, donde el virus tardó en impactar, convirtiéndose en un territorio en auge para el rodaje de series y largos de plataformas de streaming. Además de su impacto económico, estas producciones también dejan discusiones en torno a la precarización de las condiciones laborales o la autoría de la propiedad intelectual, cuestiones que preocupan y dividen al sector a nivel global.

"Las vacaciones de Hilda" de Agustín Banchero.

Pero más allá de la línea internacional, que en la convocatoria 2022 tiene asignado un presupuesto de 3,5 millones de dólares, el PUA Nacional también ha supuesto el fortalecimiento del cine uruguayo a través de sus convocatorias para proyectos en desarrollo y en producción y postproducción. Según informaciones de INCAU, desde su creación en 2019 hasta el 11 de julio del 2022, el PUA Nacional ha impulsado 61 proyectos en las etapas de producción y postproducción a través del reembolso de unos 6,7 millones de dólares. Por su parte, la línea de desarrollo distribuyó en 2021 en torno a 350 mil dólares entre 28 proyectos. En la convocatoria 2022, el Fondo de Fomento repartió unos 530 mil dólares entre un total de 7 proyectos de largometraje en la línea de producción y prevé otorgar unos 60 mil dólares a un total de 14 proyectos de largo en etapa de desarrollo o escritura de guion. Según el representante de ASOPROD, el PUA “ayudó a muchos proyectos que, por ejemplo, con el fondo de fomento levantaban un 10 o un 20%, a través de coproducciones y fondos internacionales llegaban a otro 30 o 40%, pero aún falta un gap de un 30, 40 o 50% que es el que determina que un proyecto se termine en 4 años o en 8. Los resultados los estamos empezando a ver y seguiremos viéndolos en los próximos dos años”.

Por su parte, Fernández se pregunta, desde su perspectiva como productor, que si bien la forma que se encontró para implementar el PUA Nacional -adoptar la lógica de reembolso que funciona para los servicios- fue la única posible en el momento; “quizás haya que pensar si el mecanismo de cash rebate es el mejor para las producciones locales”. En este sentido, y consultado por el horizonte de la política cinematográfica más allá de la discusión actual, Fernández afirma que “se debería potenciar el Fondo de Fomento: si hoy financia un 30% de un proyecto de presupuesto medio bajo, deberíamos lograr que alcance el 50% para salir a completar el resto”. Asimismo, Fernández plantea que habría que avanzar en el apoyo de la formación de públicos y la distribución, especialmente en el interior del país; así como impulsar el desarrollo de proyectos , particularmente de las nuevas generaciones.

"El empleado y el patrón" de Manolo Nieto.

Otros desafíos

Roberto Blatt fue el director de INCAU desde la asunción del nuevo gobierno, en marzo de 2020, hasta abril del presente año, cuando renunció por motivos de salud. Desde entonces la institución quedó acéfala bajo la coordinación interina de Valentina Prego y la supervisión de Mariana Wainstein, Directora Nacional de Cultura*. Consultado por LatAm cinema, Blatt sostiene que está de acuerdo en el refuerzo de la institucionalidad. “No era algo que yo consideraba imprescindible, pero no me parece una mala idea que se refuerce la institución, que gane en autonomía y pueda establecer con más claridad sus objetivos, que son objetivos de Estado, siempre en coordinación con una política cultural”.

En relación al Fondo de Fomento, Blatt afirma que deben existir convocatorias anuales concursables “bien definidas y actualizadas año a año en función de las variables”, pero matiza: “eso no significa que tenga que haber un crecimiento continuo de la subvención, puede haber otras herramientas como el PUA, como los fondos de incentivo o como alguna ley de esponsorización que se desarrolle, que pueda ser incluso más efectiva”. Por otro lado, tampoco considera fundamental que la partida presupuestaria del Fondo de Fomento esté garantizada por ley. “Una ley se puede cambiar, por lo tanto la seguridad de tener fomento en forma de ley, es una falsa seguridad. No es eso lo que más debe preocupar al medio, sino que las necesidades estén actualizadas y que no se reduzca la cantidad de financiación, que en este momento está cubierta con las diferentes herramientas que existen”.

El ex-jerarca proyecta los desafíos hacia otro lugar: “Lo que hay que incentivar es la venta del producto uruguayo en el extranjero, nuestra industria no puede crecer en base al mercado local y es la principal debilidad hoy. Toda esta producción ya madura, tanto industrial como creativa, tiene que encontrar formas de distribución internacional más eficaces. Tenemos decenas de películas que han ganado algún que otro premio pero no están en ningún catálogo internacional, no estamos aprovechando el potencial cultural y comercial de la propiedad intelectual”.

*Nota de redacción: La directora de la Dirección Nacional de Cultura, Mariana Wainstein, no aceptó ser entrevistada para este artículo.

Mirador Público #1 - Tímido camino hacia el cambio: políticas públicas para reducir la brecha de género.

Mirador Público #2 - En lucha por su existencia: el cine argentino defiende el Fondo de Fomento.

Acerca de la autora: Marta García es Licenciada en Comunicación Audiovisual, Magister en gestión cultural con especialización en relaciones culturales internacionales, migraciones y desarrollo local. Se desempeña en el sector cinematográfico desde 2008, habiendo trabajado en los ámbitos público y privado como programadora de festivales y espacios, periodista, analista y gestora cultural para la circulación de obras en territorio y a nivel internacional.