CategoríasEn una nota de prensa enviada el pasado 17 de abril, la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (FIPCA) expresó “su más profunda preocupación ante los cambios anunciados días atrás en la política audiovisual brasileña que pueden detener la producción cinematográfica en dicho país”. Según la institución, estos cambios pueden afectar “colateralmente” a las coproducciones que los productores brasileños están llevando a cabo con el resto de los países incluidos en el Programa Ibermedia.
“Ante esta situación, que potencialmente podría provocar el cierre de cientos de empresas productoras y acabar con miles de puestos de trabajo, los productores de toda Iberoamérica hacen un llamado de atención para que las autoridades y la industria audiovisual brasileña puedan encontrar una solución que les permita revertir las medidas”, expresan en el comunicado.
La alarma comenzó luego de que el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) recomendara a la Agencia Nacional del Cine (ANCINE) la interrupción de la celebración de nuevos acuerdos que destinen recursos públicos para el sector audiovisual hasta que la entidad “disponga de condiciones técnico-financiero-operativas para analizar las referidas rendiciones de cuentas, además de fiscalizar la ejecución de estas”. La sentencia le da a la Agencia 60 días para presentar un nuevo plan de acción.
Para el sector, uno de los puntos más graves de esta sentencia es la determinación de una nueva rendición de cuentas, incluso de los proyectos ya analizados y aprobados, a partir de nuevos criterios. “La decisión del Tribunal le trae inseguridad jurídica al sector e impide que ANCINE, responsable del fomento, fiscalización y regulación del audiovisual brasileño, celebre nuevos contratos, e incluso le dé continuidad a los contratos actuales, los cuales debe cumplir”, denuncia la Federación y añade que la decisión puede causar un daño irreparable, no solo para el propio sector, sino para la sociedad brasileña, ya que parte de las producciones en marcha pueden parar. Esta medida puede provocar, según la FIPCA, que la industria brasileña entre en colapso “poniendo en riesgo a más de 12.700 empresas y el trabajo profesional de más de 300 mil personas”.
Por su parte, el pasado 18 de abril ANCINE envío un comunicado al sector anunciando que apelará la sentencia 721/2019 del TCU. La agencia también hizo distintas recomendaciones para evitar acciones que pudieran interpretarse como incumplimiento de la decisión del TCU y para “preservar la integridad operativa de la Agencia y especialmente de su personal”.
