CategoríasLa industria cinematográfica brasileña ha manifestado su preocupación por las medidas tomadas por el gobierno de Jair Bolsonaro, que censura abiertamente la producción LGBT+ y que continúa sin realizar las llamadas públicas para la financiación de la producción nacional en lo que va de este 2019.
El Ministerio de Ciudadanía (responsable por la ejecución de la política audiovisual, luego de la extinción del Ministerio de Cultura) suspendió un fondo de apoyo a proyectos de televisión para canales públicos, que abordaban temas relacionados con la sexualidad y el género, en lo que se ha interpretado como una censura a las producciones de temática LGBT+ que eran parte del mismo. El fondo suspendido, lanzado meses antes de su elección, en octubre de 2018, tiene un monto total de 70 millones de reales (aproximadamente 17,5 millones de dólares). En su transmisión semanal por redes sociales, Bolsonaro justamente mencionó y cuestionó proyectos de temática LGBT+, como “Transversais”, “Afronte” o “Religare Queer”.
Por medio de un comunicado, API - Associação de Produtores Independentes do Audiovisual Brasileiro alertó sobre esta situación: “Personajes LGBTQ+ han sido parte del audiovisual brasileño desde al menos 1923, la época del cine mudo. Anteriormente ni durante la dictadura militar (1964-1985) el gobierno ha censurado obras con ese tipo de argumento. Varios filmes de la época, incluso, fueron financiados directamente por el Estado brasileño”.
Remarca API “que la Constitución Brasileña prohíbe tanto la censura previa de obras artísticas como la discriminación basada en orientación sexual o identidad de género. Reforzamos que la suspensión del fondo, que tiene además diversas líneas no vinculadas a la temática LGBTQ+, abre camino para una gran inseguridad institucional del sector, responsable por alrededor de 300 mil puestos de trabajo en el país y cerca de 3 billones de reales (aproximadamente 750 millones de dólares) anuales de lucro”.
Precisamente, diversas producciones están paralizadas ante la falta de concursos del Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), la línea de financiamiento del cine brasileño que generalmente abre en los primeros meses del año.
“En 2019 aún no se han abierto llamadas públicas de ANCINE para invertir en las categorías de desarrollo, producción o finalización. Además, a partir del 29 de marzo de 2019, tuvimos una primera interferencia del organismo federal contra la agencia (por parte del Tribunal de Cuentas Federal), lo que condujo a un paro total de la agencia y el Fondo del Sector Audiovisual (FSA) por alrededor de 60 días, interrumpiendo todos los procesos, que, hasta entonces, los productores habían calificado como ‘solo’ una acción intrascendente y desproporcionada”, cuenta a LatAm cinema, Heitor Franulovic, de API.
Comenta Franulovic que en julio de este año tuvo lugar la primera acción autoritaria del gobierno, “tras un cambio abrupto y unilateral en la composición del Consejo Superior de Cine (CSC), responsable de la formulación de políticas públicas. La intervención del gobierno en el CSC ha reducido la participación de la sociedad civil y los representantes de la industria, de modo que ahora es el gobierno el que tiene la mayoría de los miembros (ministros de los estados miembros del gobierno) y, por lo tanto, puede controlar las decisiones”.
Desde API, la expectativa es que no se llegará a producir ni la mitad del promedio de película de los últimos años, que ha superado los 100 títulos. Asimismo, esta situación afecta también a las coproducciones internacionales ante la falta de certezas sobre convocatorias públicas y el cumplimiento de las mismas.
“Ante esta situación, la credibilidad de las productoras brasileñas y los proyectos puestos en el mercado internacional disminuirá drásticamente, ya que los socios potenciales tenderán a evitar acuerdos que supongan riesgos, debido a la inseguridad jurídica, económica y política del sector audiovisual brasileño. Y más grave aún: ¿cómo todo ello puede afectar a las coproducciones que ya están en marcha, ya que los productores brasileños simplemente no pueden cumplir sus compromisos? El daño es incalculable para todas las partes involucradas. Y no solo nos referimos a los recursos financieros, sino al tiempo y a los sueños de las muchas personas involucradas en cada proyecto abortado”, concluye Franulovic.
